Doble moral de la intervención internacional
Libia, lo justo y lo injusto
por Ignacio Ramonet Director de Le Monde diplomatique, edición española.
El silencio de los gobiernos progresistas latinoamericanos ante las revueltas árabes y el apoyo a Gadafi de algunos de sus líderes resulta sobrecogedor. Contrariamente a las guerras de Kosovo o de Irak, la intervención actual en Libia cuenta con el aval de Naciones Unidas. Lo que no implica que esté exenta de problemas ni de intereses ocultos.
“Todos los pueblos del mundo
que han lidiado por la libertad
han exterminado al fin a sus tiranos”
Simón Bolívar
Los insurgentes libios merecen la ayuda de todos los demócratas. El coronel Gadafi es indefendible. La coalición internacional que lo ataca carece de credibilidad. No se construye una democracia con bombas extranjeras. Por ser en parte contradictorias, estas cuatro evidencias nutren cierto malestar –en particular en el seno de la izquierda– con respecto a la operación “Odisea del Amanecer”, iniciada el pasado 19 de marzo.
La insurrección de las sociedades árabes constituye el mayor acontecimiento político internacional desde el derrumbe, en Europa, del socialismo autoritario de Estado en 1989. La caída del muro del Miedo en las autocracias árabes es el equivalente contemporáneo de la caída del Muro de Berlín. Un auténtico terremoto mundial. Por producirse en el área de mayores reservas de hidrocarburos del planeta y en el epicentro del “foco perturbador” del mundo (ese arco de todas las crisis que va de Pakistán al Sahara Occidental, pasando por Irán, Afganistán, Irak, Líbano, Palestina, Somalia, Sudán, Darfur y Sahel) su onda de expansión modifica la geopolítica internacional.
El pasado 14 de enero algo se rompió para siempre en el mundo árabe. Ese día, manifestantes tunecinos que desde hacía semanas reclamaban en las plazas libertad y democracia consiguieron derrocar al déspota Ben Alí. Comenzaba el deshielo de las viejas tiranías árabes. Un mes después, en Egipto, el corazón de la vida política árabe, un poderoso movimiento de protesta social expulsaba a su vez al general Hosni Mubarak del poder. Entonces, como si de repente hubieran descubierto que los regímenes autoritarios, de Marruecos a Bahrein, eran colosos con pies de barro, decenas de miles de ciudadanos árabes se lanzaron a las plazas gritando su infinito hartazgo de los ajustes sociales y las dictaduras (1).
La fuerza espontánea de estos vientos de libertad sorprendió a todas las cancillerías mundiales. Cuando comenzaron a soplar sobre las dictaduras aliadas de Occidente (en Túnez, Egipto, Marruecos, Jordania, Arabia Saudita, Bahrein, Irak, Yemen), las grandes capitales occidentales, empezando por Washington, Londres y París, se sumieron en un prudente mutismo, o alternaron declaraciones que revelaban su profundo malestar ante el riesgo de ver desaparecer a sus “amigos dictadores” (2).
Mutismo en América Latina
Mucho más sorprendente fue, durante esta primera fase (de mediados de diciembre a mediados de febrero), el silencio de los gobiernos progresistas de América Latina, considerados por toda una parte de la izquierda internacional como su principal referente contemporáneo. Una sorpresa tanto más grande puesto que estos gobiernos tienen mucho en común con el movimiento insurreccional árabe: llegaron al poder mediante las urnas, aupados por poderosos movimientos sociales (en Venezuela, Brasil, Uruguay y Paraguay) que, en varios países (Ecuador, Bolivia, Argentina), después de haber resistido a dictaduras militares, también derrocaron pacíficamente a gobernantes corruptos.
Inmediata debió haber sido allí la solidaridad con las insurrecciones árabes, réplicas de sus propios alzamientos cívicos. Pero no lo fue. Y eso que el carácter izquierdista del movimiento no ofrecía dudas. El conocido intelectual egipcio Samir Amin lo describe así: “Las principales fuerzas en movimiento durante los meses de enero y de febrero eran de izquierdas. Demostraron que tenían una resonancia popular gigantesca pues llegaron a movilizar a ¡más de quince millones de manifestantes en todo Egipto! Los jóvenes, los comunistas, fragmentos de las clases medias democráticas constituyeron la columna vertebral de ese movimiento” (3).
A pesar de ello, hubo que esperar al 14 de febrero –o sea tres días después de la caída del odiado Mubarak y un día antes del comienzo de la insurrección popular en Libia– para que, por fin, un líder latinoamericano calificase la rebelión árabe de “revolucionaria” en una declaración donde explicaba con lucidez: “Los pueblos no desafían la represión y la muerte ni permanecen noches enteras protestando con energía por cuestiones simplemente formales. Lo hacen cuando sus derechos legales y materiales son sacrificados sin piedad a las exigencias insaciables de políticos corruptos y de los círculos nacionales e internacionales que saquean el país” (4).
Pero cuando, naturalmente, esa rebelión se extendió a los países autoritarios del mal llamado “socialismo árabe” (Argelia, Libia, Siria), un pesado mutismo volvió a caer sobre las capitales del progresismo latinoamericano. Políticamente esto aún podía interpretarse de dos maneras: simple prolongación del prudente silencio que hasta entonces, globalmente, habían observado esas cancillerías con respecto a acontecimientos muy alejados de sus principales centros de interés; o expresión de un malestar político frente al riesgo de perder, en su pulseada contra el imperialismo, a aliados estratégicos...
Ante el peligro de que triunfase esta segunda opción, varios intelectuales relevantes (5) avisaron de inmediato que ello significaría algo impensable para gobiernos seguidores del mensaje universal del bolivarianismo. Porque sería afirmar que una relación estratégica entre Estados es más importante que la solidaridad con los pueblos en lucha, lo cual conduciría, más tarde o más temprano, a cerrar los ojos ante cualquier eventual atrocidad contra los derechos humanos (6). Y en este caso el ideal solidario de la revolución latinoamericana naufragaría en el helado océano de la Realpolitik.
En el tablero de la política internacional, la Realpolitik (definida por Bismarck, el “canciller de hierro” prusiano, en 1862) considera que los países se reducen a sus Estados. Jamás toma en cuenta a sus sociedades. Según ella, los Estados se mueven sólo en función de sus fríos intereses y de sus alianzas estratégicas (cuya finalidad esencial es la preservación del Estado y no la protección de la sociedad). Desde la paz de Westfalia en 1648, la doctrina geopolítica establece que la soberanía de los Estados es intangible en virtud del principio de no-injerencia y que un gobierno, sea cual sea el modo en que llegó al poder, tiene total libertad de hacer lo que quiera en sus asuntos internos.
Semejante idea de la soberanía –que sigue siendo dominante– ha visto erosionada su legitimidad desde el final de la Guerra Fría en 1989. Y ello en nombre de los derechos de los ciudadanos y de una concepción ética de las relaciones internacionales. Las dictaduras, cuyo número se reduce de año en año, van resultando cada vez más ilegítimas según los criterios del derecho internacional. Y moralmente inaceptables porque, entre otros graves abusos, despojan a las personas de sus atributos de ciudadanos.
Basado en este razonamiento se desarrolló, en los años 90, el concepto de derecho de injerencia o deber de asistencia que condujo, pese a aceptables pretextos de fachada, a desastres político-humanitarios de gran envergadura en Kosovo, Somalia, Bosnia... Y finalmente, bajo la conducción de los neoconservadores estadounidenses, al desastre total de la guerra de Irak (7).
Pero tan trágicos fracasos no han interrumpido la idea de que un mundo más civilizado debe ir abandonando una concepción de la soberanía interna establecida hace casi cuatro siglos en nombre de la cual poderes no elegidos democráticamente han cometido (y cometen) incontables atrocidades contra sus propios pueblos.
En 2006, la Organización de las Naciones Unidas, en su Resolución 1674, ha hecho de la protección de los civiles, incluso contra su propio gobierno cuando éste usa armas de guerra para reprimir manifestaciones pacíficas, una cuestión fundamental. Esto modifica, por primera vez desde el Tratado de Westfalia –en materia de derecho internacional– la concepción misma de la soberanía interna y del principio de no-injerencia. La Corte Penal Internacional (CPI), creada en 2002, va en idéntico sentido.
En ese mismo espíritu, muchos líderes latinoamericanos denunciaron con justa razón la pasividad o la complicidad de grandes potencias democráticas ante los graves crímenes cometidos, entre 1970 y 1990, por las dictaduras militares en Chile, Brasil, Argentina, Uruguay, Paraguay y tantos otros países mártires de Centro y Suramérica.
Por eso sorprendió que no llegase de América Latina ningún mensaje de solidaridad para con los civiles reprimidos a partir del 15 de febrero, cuando empezaron las protestas sociales pacíficas en Libia, inmediatamente reprimidas por las fuerzas del coronel Gadafi con desmedida violencia (233 muertos en los primeros días) (8). Ni tampoco al estallar, el 20 de febrero, el “Tripolitazo”, cuando unos 40.000 manifestantes denunciaron la carestía de la vida, la degradación de los servicios públicos, las privatizaciones impuestas por el FMI y la ausencia de libertades.
Igual que durante el “Caracazo” del 27 de febrero de 1989 en Venezuela, esa insurrección tripolitana, retransmitida por decenas de testigos oculares, se extendió como reguero de pólvora por toda la capital: se multiplicaron las barricadas, ardió la sede del gobierno, las comisarías fueron incendiadas, los locales de la televisión oficial saqueados, el aeropuerto ocupado, y el palacio presidencial asediado. El régimen libio empezó a tambalearse.
Inmenso error político
En semejantes circunstancias, cualquier otro dirigente hubiese entendido que la hora de negociar y de abandonar el poder había llegado (9). No así el coronel Gadafi. A riesgo de sumir a su país en una guerra civil, el “Guía”, en el poder desde hace 42 años, explicó que los manifestantes eran “jóvenes a los que Al Qaeda había drogado echándoles píldoras alucinógenas en el Nescafé...” (10). Y ordenó a la Fuerza Armada reprimir las protestas a cañonazos y con una fuerza extrema. El canal Al-Jazeera mostró los aviones militares ametrallando a los manifestantes civiles (11).
En Benghazi, un grupo de protestatarios asaltó un arsenal de la guarnición local y se apoderó de miles de armas ligeras para defenderse contra la brutalidad de la represión. Varios destacamentos militares enviados por Gadafi para sofocar en sangre la protesta se sumaron a la rebelión con tanques y pertrechos. En condiciones muy desfavorables para los insurrectos empezaba la guerra civil: un conflicto impuesto por Gadafi contra un pueblo que estaba pidiendo pacíficamente el cambio.
Hasta ese momento, las capitales de la América Latina progresista seguían silenciosas. Ni una palabra de solidaridad, ni siquiera de compasión con los rebeldes civiles que luchan y mueren por la libertad. Hasta que, el 21 de febrero, en un intento por alejar cualquier acusación contra ella, la diplomacia británica –cuya responsabilidad fue central en la rehabilitación del coronel Gadafi a partir de 2004 en la escena internacional– anuncia, a través del ministro de Exteriores William Hague, que el líder libio “podría haber huido de su país y estar dirigiéndose a Venezuela” (12).
Es falso. Y Caracas lo desmiente rotundamente. Pero los medios internacionales muerden el anzuelo y se centran de inmediato en la conexión que el Foreign Office ha sugerido. Minimizando los ostentosos recibimientos de Gadafi en Roma, Londres, París o Madrid, la prensa mundial insiste en las relaciones del “Guía” con Caracas. El propio Gadafi cae en la trampa y también menciona a Venezuela en su primer discurso desde el comienzo de las protestas. Lo hace para negar su huída a ese país, pero ello da pie a nuevas especulaciones sobre el “eje Trípoli-Caracas”. Gadafi añade: “Los manifestantes son ratas, drogados, un complot de extranjeros, de estadounidenses, de Al Qaeda y de locos” (13).
Esta perezosa jácara del “complot estadounidense” es retomada como argumento por varios dirigentes progresistas latinoamericanos –Daniel Ortega, presidente de Nicaragua, entre otros–, para expresar ahora, cada uno a su modo, una clara solidaridad con el dictador libio bajo los sufridos pretextos de que la “situación es confusa”, que los “medios de comunicación mienten” y que “nadie sabe quiénes son los rebeldes” (14). Ni una frase de compasión hacia un pueblo sublevado contra un tirano militar que manda disparar contra sus propios ciudadanos. Ninguna alusión tampoco a la famosa sentencia del Libertador Simón Bolívar: “Maldito sea el soldado que vuelve las armas contra su pueblo”, doctrina fundamental del bolivarianismo.
La inmensidad del error político sobrecoge. Una vez más, algunos gobiernos progresistas conceden prioridad, en materia de relaciones internacionales, a cínicas consideraciones estratégicas que se hallan en perfecta contradicción con su propia naturaleza política. ¿Los conducirá ese razonamiento a expresar también su apoyo a otro infrecuentable tiranillo local, Bashar al Assad, presidente de Siria, un país que vive bajo estado de emergencia desde 1962 y cuyas fuerzas de represión tampoco han dudado en disparar con fuego real contra pacíficos manifestantes desarmados?
En lo que respecta a Libia, la única iniciativa latinoamericana positiva fue la del presidente de Venezuela, Hugo Chávez, que propuso, el 1º de marzo pasado, el envío a Trípoli de una Comisión internacional de mediación constituida por representantes de países del Sur y del Norte para tratar de poner fin a las hostilidades y negociar un acuerdo entre las partes. Rechazada por Seif el Islam, el hijo del “Guía”, pero aceptada por Gadafi, esta tentativa de mediación fue torpemente descartada por Washington, París, Londres y los insurgentes libios.
A partir de ahí, las cancillerías progresistas suramericanas insistieron en su apoyo a un perfecto iluminado. En efecto, hace decenios que Muamar Gadafi dejó de ser aquel capitán revolucionario que, en 1969, derrocó a la monarquía, expulsó de su país las bases militares estadounidenses y proclamó una singular “República árabe y socialista”. Desde el final de los años 70, su errática trayectoria y sus delirios ideológicos (véase su disparatado Libro Verde) lo han convertido en un dictador imprevisible y jactancioso. Semejante a aquellos tiranos locos que América Latina conoció en el siglo XIX con el nombre de “caudillos bárbaros” (15). Ejemplos de sus trastornos: la expedición militar de 3.000 hombres que lanzó, en 1978, en auxilio del sanguinario Idi Amín Dadá, otro demente presidente de Uganda... O su afición a un juego erótico con chicas menores llamado “bunga bunga” que le enseñó a su socio italiano Silvio Berlusconi... (16).
Gadafi jamás se ha sometido a ninguna elección. Ha establecido en torno a su imagen un culto de la personalidad que linda con el endiosamiento. En la “masocracia” (Jamahiriya) libia no existe ningún partido político, sólo hay “comités revolucionarios”. Habiéndose autoproclamado “Guía” vitalicio de su país, el dictador se considera por encima de las leyes. En cambio, el vínculo familiar es, según él, fuente de derecho. Basado en ello, nombró por antojo a sus hijos para los puestos de mayor responsabilidad del Estado y los de mayor rentabilidad en los negocios.
Tras la (ilegal) invasión de Irak en 2003, temiendo ser el siguiente de la lista, Gadafi se arrodilló ante Washington, firmó acuerdos con la administración Bush, erradicó sus armas de destrucción masiva e indemnizó a las víctimas de sus atentados terroristas. Para complacer a los “neocons” estadounidenses se erigió en perseguidor de Osama Ben Laden y de la red Al Qaeda. Estableció también acuerdos con la Unión Europea para convertirse en cancerbero retribuido de los emigrantes africanos. Pidió ingresar en el FMI (17), creó zonas especiales de libre comercio, cedió los yacimientos de hidrocarburos a las grandes transnacionales occidentales y eliminó los subsidios a los productos alimenticios de primera necesidad. Inició el proceso de privatización de la economía que provocó un importante aumento del desempleo y agravó las desigualdades.
El “Guía” protestó contra el derrocamiento del dictador tunecino Ben Alí a quien consideraba como “el mejor gobernante de la historia de Túnez”. En materia de inhumanidad, sus fechorías son incontables. Desde su apoyo a conocidas organizaciones terroristas hasta su demostrada participación en atentados contra aviones civiles, pasando por su encarnizamiento contra cinco inocentes enfermeras búlgaras torturadas durante años en prisión, o el fusilamiento sin juicio, en la siniestra cárcel Abú Salim de Trípoli, en 1996, de un millar de prisioneros originarios de Benghazi (18).
Dudosa solidaridad democrática
La actual revuelta empezó precisamente en esa ciudad el 15 de febrero pasado cuando las familias de estos fusilados, animadas por las protestas en los países árabes, salieron a la calle para exigir pacíficamente la liberación del abogado Fathy Terbil quien defiende, desde hace quince años, el derecho a recuperar los cuerpos de sus parientes ejecutados (19). Las imágenes de la brutalidad de la represión de esta manifestación –difundidas por las redes sociales y el canal Al-Jazeera– escandalizaron a la población. Al día siguiente, las protestas se habían ampliado masivamente y extendido a otras ciudades. Sólo en Benghazi, 35 personas fueron asesinadas por la policía y las milicias gadafistas (20).
A mediados de marzo, cuando las huestes gadafistas empezaron a cercar Benghazi, tan alto grado de ensañamiento contra la población civil hizo legítimamente temer que se cometiese un baño de sangre (21). En un discurso dirigido a “las ratas” de esa ciudad, el “Guía” amenazó: “Llegamos esta noche. Empiecen a prepararse. Los sacaremos del fondo de sus armarios. No habrá piedad” (22).
Los pueblos recientemente liberados de Túnez y Egipto deberían haber acudido de inmediato en ayuda de los asediados libios que reclamaban a gritos ayuda internacional (23). Era su responsabilidad primera. Pero lamentablemente los gobiernos de estos dos países no supieron estar a la altura de las circunstancias históricas.
En ese contexto de urgencia, el Consejo de Seguridad de la ONU adoptó, el 17 de marzo, la resolución 1973 que establece un régimen de exclusión aérea en Libia con el fin de proteger a la población civil y hacer cesar las hostilidades (24). La Liga Árabe había dado su acuerdo preliminar. Y, cosa excepcional, la resolución fue presentada por un Estado árabe: el Líbano (además de Francia y Reino Unido). Ni China, ni Rusia, que disponen de derecho de veto, se opusieron. Brasil e India tampoco votaron en contra. Varios países africanos se pronunciaron a favor: Sudáfrica (la patria de Mandela), Nigeria y Gabón. Ningún Estado se opuso.
Se puede estar en contra de la estructura actual de Naciones Unidas o estimar que su funcionamiento actual deja mucho que desear. O bien que las potencias occidentales dominan esa organización. Son críticas aceptables. Pero, por ahora, la ONU constituye la única fuente de legalidad internacional. Por eso, y contrariamente a las guerras de Kosovo o de Irak que nunca tuvieron el aval de la ONU, la intervención actual en Libia es legal –según el derecho internacional–, legítima –según los principios de la solidaridad entre demócratas– y deseable para la fraternidad internacionalista que une a los pueblos en lucha por su libertad. Se podría añadir que potencias musulmanas como Turquía, reticentes en un primer momento, han terminado por participar en la operación.
También podría recordarse que si Gadafi, como era su intención, hubiese anegado en sangre la insurrección popular, habría enviado una señal de vía libre a los demás tiranos de la región, alentándolos de ese modo a aplastar ellos también, sin miramientos, las protestas locales. Basta con observar que, en cuanto las tropas de Gadafi se aproximaron a sangre y fuego a Benghazi, en medio de la pasividad internacional, los regímenes de Bahrein y de Yemen no dudaron en disparar con fuego real contra los manifestantes pacíficos. No lo habían hecho hasta entonces. Pero apostaron a su vez al inmovilismo internacional.
La Unión Europea, en particular, tiene una responsabilidad específica en este asunto. No sólo militar. Es menester pensar en la próxima etapa de consolidación de las nuevas democracias que van a ir surgiendo en esta región tan vecina. Apoyar la “primavera árabe” supone asimismo el lanzamiento de un verdadero “Plan Marshall”, o sea, una ayuda económica masiva “semejante a la que se ofreció a Europa del Este después de la caída del muro de Berlín” (25).
¿Significa todo esto que la operación “Odisea del Amanecer” no plantea problemas? En absoluto. En primer lugar, porque los Estados u Organizaciones que la capitanean (Estados Unidos, Francia, Reino Unido, OTAN) son los “sospechosos de siempre” implicados en múltiples aventuras guerreras sin la mínima cobertura legal, legítima o humanitaria. Aunque esta vez los objetivos de solidaridad democrática parecen más evidentes que los nexos con la seguridad nacional de Estados Unidos, cabe preguntarse ¿desde cuándo le ha importado a estas potencias la democracia en Libia? Es por ello que carecen de credibilidad.
Segundo: existen otras injusticias en esta misma región –el sufrimiento palestino, la intervención militar saudita en Bahrein contra la indefensa mayoría chiita, la desproporcionada brutalidad de los gobiernos de Yemen y de Siria...– ante las cuales las mismas potencias que atacan a Gadafi hacen la vista gorda dando prueba de una doble moral.
Tercero: el objetivo debe ser el que fija la resolución 1973 y sólo ése: ni invasión terrestre, ni víctimas civiles. La ONU no ha dado licencia para derrocar a Gadafi, aunque bien parece que ese sea el objetivo final (e ilegal) de la operación. En ningún caso esta intervención debe servir de precedente para otras aventuras guerreras contra Estados situados en el punto de mira de las potencias occidentales dominantes.
Cuarto: la historia enseña (y el caso de Afganistán lo demuestra) que es más fácil entrar en una guerra que salir de ella. Y quinto: el olor a petróleo de toda esta operación apesta.
Los pueblos árabes están sin duda sopesando lo justo y lo injusto de la actual intervención militar en Libia. En su gran mayoría apoyan a los insurgentes (aunque se siga sin saber bien quiénes son y aunque se sospeche que varios elementos indeseables figuran en el actual Consejo Nacional de Transición). Por el momento, al menos hasta finales de marzo, no se han producido manifestaciones de rechazo a la operación en ninguna capital árabe. Al contrario, como estimuladas por ella, nuevas protestas contra las autocracias se intensificaron en Marruecos, Yemen, Bahrein... Y sobre todo en Siria.
Obtenida la zona de exclusión aérea y a salvo la población civil de Benghazi, a finales de marzo estaban cumplidas las dos principales exigencias de la resolución 1973. Aunque otras demandas no lo estaban aún (el cese el fuego por parte de las fuerzas gadafistas y su garantía de acceso seguro a la ayuda humanitaria internacional), a partir de ese momento los bombardeos debieron cesar. Más aún en la medida en que la OTAN, que no ha recibido mandato internacional para ello, ha asumido el 31 de marzo el liderazgo militar de la ofensiva. La resolución tampoco autoriza a armar, entrenar y dirigir militarmente a los rebeldes porque ello supone un mínimo de fuerzas extranjeras (“comandos especiales”) presentes en el suelo libio, lo cual está explícitamente excluido por la resolución 1973 del Consejo de Seguridad.
Es urgente que los miembros de ese Consejo de la ONU vuelvan ahora a consultarse; que se tenga en cuenta la posición de China, Rusia, India y Brasil para imponer un alto el fuego inmediato y buscar una salida no militar al drama libio. Una solución que tome en cuenta también la iniciativa de la Unión Africana, garantice la integridad territorial de Libia, impida toda invasión terrestre de fuerzas extranjeras, preserve las riquezas del subsuelo contra la rapacidad de algunas potencias foráneas, ponga fin a la tiranía y reafirme la aspiración a la libertad y a la democracia de los ciudadanos.
En Libia, sólo una salida política negociada por todas las partes será justa.
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